La CNMC constató el pasado miércoles que existe un número de comercializadoras eléctricas que, además de la variación en el componente regulado (peajes), han incluido un incremento en el coste del término de energía medio facturado que en ocasiones ha llegado o superado el 30 % al que le correspondería.
FACU denuncia que es un fraude masivo e inaceptable. Si bien no se saben sus nombres desde FACU, exigimos que se hagan públicos, así como desde otras organizaciones de consumidores, de ese modo tener derecho a reclamaciones si fuese preciso.
Si bien se nos dice que el consumidor no tiene que reclamar pues se procederá a su devolución el consumidor debe estar atento a que se cumpla.
No olvidemos que estas comercializadoras pueden llegar a ser sancionadas con multas de hasta 6.000.000 de euros según el artículo 65.25 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico, y desde FACU eso es lo que esperamos.
El fraude eléctrico no afecta sólo a las empresas de distribución eléctrica, sino que va en contra del conjunto de la sociedad: Consumidores que deben soportar los costes. Las Administraciones competentes no están aplicando las sanciones administrativas contempladas en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y la Ley 21/1992, de Industria, y que están dentro de su potestad sancionadora. La legislación vigente recoge sanciones económicas contundentes que tendrían un carácter disuasorio para los defraudadores.
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