FACU califica y denuncia de «ilegal» la exclusión financiera del banco para atender a aquellos ciudadanos vulnerables que no pueden acceder a sus servicios a través de Internet o cajeros automáticos.
Desde FACU se considera que esta práctica “viola” la ley bancaria y la redacción revisada de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario.
Desde aquí se hace eco de la “ilegalidad” de cobrar comisiones a los usuarios por la retirada de efectivo y los numerosos cierres de oficinas en zonas de poca población.
Las prestaciones más elementales de las entidades bancarias son:
- Ingreso de efectivo.
- Custodia del dinero de sus clientes.
- Retiradas del mismo.
Se encuentran reguladas por el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago. En este Decreto se configura como parte integrante del objeto principal de los mismos y en modo alguno procede el cobro de cantidades adicionales a la remuneración acordada para dichas obligaciones principales, advierte la asociación.
Tras la reforma de la citada ley impulsada recientemente por el Ministerio de Consumo, su artículo 3 dispone que «a los efectos de esta ley y sin perjuicio de la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicación, tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad».
En el apartado segundo de su artículo 8, la citada ley establece que «los derechos de las personas consumidoras vulnerables gozarán de una especial atención, que será recogida reglamentariamente y por la normativa sectorial que resulte de aplicación en cada caso. Los poderes públicos promocionarán políticas y actuaciones tendentes a garantizar sus derechos en condiciones de igualdad, con arreglo a la concreta situación de vulnerabilidad en la que se encuentren, tratando de evitar, en cualquier caso, trámites que puedan dificultar el ejercicio de los mismos».
Desde FACU denunciamos rotundamente este atropello e informamos que la Ley ampara al ciudadano y al usuario aunque se hagan oídos sordos por las diferentes instituciones (Banco de España y Ministerios involucrados en el mismo).
Comentarios recientes