Las noticias de estos días dibujan un panorama inquietante que no debería dejarnos indiferentes. Mientras se plantea desde la ultraderecha la prohibición del burka y el niqab en el espacio público como una de sus principales aportaciones legislativas, la realidad golpea con una crudeza mucho más urgente: el repunte de crímenes machistas y los fallos en el sistema de protección.
El propio Ministerio de Igualdad ha reconocido deficiencias tras el asesinato de mujeres que habían denunciado previamente. Se habla de revisar el sistema de valoración de riesgo, de ampliar las órdenes de alejamiento hasta un mínimo de 300 metros y de reforzar los mecanismos de seguimiento. Es un reconocimiento necesario, pero también una evidencia de que algo no está funcionando como debería. Cuando una mujer denuncia y aun así termina siendo asesinada, el sistema no puede limitarse a lamentar el resultado; debe reformarse con determinación y rapidez.
Al mismo tiempo, los titulares nos muestran hasta qué punto la violencia sigue siendo una herida abierta. Un hombre mata a su hijo e hiere gravemente a su pareja en Tenerife utilizando un machete, en un episodio de violencia extrema que obligó a la Guardia Civil a intervenir y abatir al agresor. Dos niños y tres mujeres asesinadas en apenas cuatro días. Son cifras que no pueden normalizarse ni convertirse en parte del ruido cotidiano.
En paralelo, el Tribunal Constitucional ha dado luz verde a la eutanasia de Noelia al no admitir a trámite el recurso presentado por su padre. Un debate complejo, íntimo y profundamente humano que vuelve a situar en el centro la autonomía personal, la dignidad y el derecho a decidir sobre la propia vida. También aquí la mujer aparece como sujeto de una batalla pública que, demasiadas veces, se libra sin escuchar suficientemente su propia voz.
El contraste es evidente. Mientras se agitan debates identitarios o simbólicos, la violencia machista sigue cobrándose vidas. Mientras se polariza el discurso político, las fallas institucionales exigen revisión y responsabilidad. No se trata de enfrentar ideologías, sino de asumir que la prioridad debe estar donde duele de verdad: en la protección efectiva, en la prevención real y en la garantía de derechos.
Cada fallo que no se corrige a tiempo tiene nombre propio. Y eso ya no es ideología: es responsabilidad pública.
Pero también es cierto que cada mujer que denuncia, que rompe el silencio, que pide ayuda o que decide no aceptar el miedo está abriendo camino para otras. Ninguna está sola, aunque a veces así lo sienta. La sociedad tiene la obligación de responder mejor, de proteger mejor y de escuchar mejor.
Que nadie les haga creer que están solas. No lo están. Y no lo estarán.
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