El dato es devastador: el sistema de protección ha fallado en el 63 % de los feminicidios registrados en lo que va de año. Mujeres que habían denunciado. Mujeres que habían pedido ayuda. Mujeres que estaban dentro del circuito institucional que, en teoría, debía protegerlas.
Y aun así, han sido asesinadas.
Hasta hace poco, los casos en los que existía denuncia previa apenas representaban un 20 % del total. Hoy la proporción se ha disparado. No estamos ante una casualidad estadística. Estamos ante una señal de alarma.
Denunciar debería ser el punto de inflexión.
Denunciar debería activar un escudo real.
Denunciar no puede convertirse en un gesto inútil.
Muchas víctimas no ratifican la denuncia por miedo, dependencia económica, presión emocional o aislamiento. Y ahí es donde el sistema debe ser más fuerte, más acompañante y más preventivo. La protección no puede limitarse a un expediente abierto o a una orden formal. Debe traducirse en seguridad tangible.
Cuando un agresor se entrega después del crimen, el sistema ya ha fracasado.
La protección que llega tarde no es protección.
La violencia de género no admite simplificaciones ni discursos interesados. Tampoco admite resignación. Cada fallo obliga a revisar protocolos, coordinación judicial, seguimiento policial, recursos sociales y apoyo psicológico. No se trata de buscar culpables políticos de forma automática, sino de exigir responsabilidad estructural.
Porque cuando una mujer denuncia y aun así muere, no estamos ante un caso aislado. Estamos ante una grieta en la red de protección.
Y una sociedad que se dice democrática no puede permitirse que esa red tenga agujeros.
La protección no puede ser una promesa. Tiene que ser una garantía.
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