Publicado a raíz de la noticia en El Periódico de Aragón, 19 de junio de 2025
La reciente convocatoria del Bono Alquiler Joven en Aragón, con una dotación presupuestaria de 7,6 millones de euros y la previsión de llegar a 1.200 personas beneficiarias, ha generado esperanza, pero también muchas dudas.
El objetivo de este bono —facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes menores de 35 años con ingresos limitados— es loable, y más aún en una comunidad como la nuestra, donde el alquiler medio en ciudades como Zaragoza supera ya los 700 euros mensuales. Sin embargo, el tope de 600 euros como precio máximo de alquiler subvencionable sigue siendo una barrera para muchas personas que necesitan esta ayuda, pero que no encuentran en el mercado ninguna oferta ajustada a ese límite.
La brecha entre las políticas diseñadas y la realidad del mercado es, una vez más, demasiado grande. Muchos jóvenes que cumplen con todos los requisitos quedan fuera por el simple hecho de no encontrar un piso en ese rango de precios. Y si lo encuentran, es en condiciones muy precarias o con habitaciones compartidas.
Desde una perspectiva de justicia social, es fundamental no solo lanzar convocatorias, sino adaptar las condiciones a la realidad. Esto implica aumentar los topes de alquiler subvencionable, reforzar el control sobre los precios inflados y fomentar una política activa de vivienda pública y asequible.
Además, la burocracia sigue siendo un escollo. Las ayudas llegan tarde, con tramitaciones complejas, y muchas veces se convierten en un “premio a quien resiste”, en lugar de un apoyo directo y ágil. Quien no tiene red familiar o tiempo para gestionar papeles, queda fuera del sistema.
Desde La Mirada del Día, recogemos esta noticia como un reflejo claro de la necesidad de una política de vivienda valiente, realista y pensada para quienes más lo necesitan. Celebramos el esfuerzo, pero reclamamos mejoras de fondo.
Porque la vivienda no puede ser un privilegio. Tiene que ser un derecho.
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