El Gobierno ha reaccionado. Tras el gran apagón eléctrico del 28 de abril, que dejó sin suministro a miles de personas, el Ejecutivo ha aprobado un decreto que refuerza el control del sistema eléctrico. Y lo hace con dos titulares potentes: por un lado, las empresas responsables podrán ser inhabilitadas hasta tres años; por otro, Red Eléctrica tendrá acceso a todos los datos de consumo de los clientes españoles.
Desde Mirada al día, lo analizamos con detenimiento. ¿Es esta la solución que necesitamos? ¿Estamos, de verdad, avanzando hacia un modelo más seguro, justo y transparente para la ciudadanía?
Una respuesta necesaria… pero apresurada
Hay que decirlo claro: no hacer nada tras el colapso habría sido imperdonable. Y hay medidas positivas. El refuerzo del papel de Red Eléctrica, la inspección trimestral por parte de la CNMC, y la previsión de normas técnicas para prevenir tensiones y fallos en la red son pasos en la buena dirección.
También se abre un horizonte esperanzador para el autoconsumo: exenciones, nuevas figuras de gestión colectiva y simplificación de trámites pueden ser una palanca clave para que las personas tomen el control de su energía.
Además, el mensaje de inhabilitación a las empresas responsables de fallos graves lanza una advertencia clara al oligopolio: la impunidad ya no es una opción.
El riesgo de ir demasiado lejos… o demasiado rápido
Ahora bien, todo esto se ha hecho por decreto. Es decir, sin un debate real, sin una consulta amplia ni participación ciudadana. Y eso genera inquietud. La rapidez no siempre es sinónimo de eficacia, y mucho menos de justicia.
Nos preocupa especialmente un punto: Red Eléctrica podrá tener acceso a los datos de consumo de toda la población. Aunque se dice que será para mejorar la planificación y evitar fallos, nadie ha explicado con claridad cómo se protegerán esos datos, quién los auditará, ni si los usuarios podrán conocer cómo se usan.
La vigilancia, aunque se vista de eficiencia, nunca puede hacerse sin garantías.
Tampoco se ha resuelto del todo cómo se armonizarán las nuevas exigencias técnicas con la realidad de muchas pequeñas distribuidoras y operadores locales. Hay riesgo de que los grandes se adapten rápido… y los pequeños sufran. Como siempre.
Conclusión: más transparencia, más participación
El decreto es un primer paso. Pero no puede ser el único. Hace falta algo más que endurecer sanciones o acumular datos: hace falta construir un sistema energético donde la ciudadanía tenga voz, garantías y poder real.
Queremos energía limpia, sí.
Queremos un sistema seguro, claro.
Pero también queremos un modelo democrático, con transparencia, control público y participación ciudadana.
Porque si el apagón fue un aviso, que la solución no sea otro apagón… de derechos.
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